Se identificaron cinco temas clave para discutir y consensuar respuestas desde la Región frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Las reflexiones y propuestas surgidas en los dos días de discusión de la Reunión Preparatoria han sido integradas para ser presentadas en el III Congreso Mundial.
Este tema fue abordado a través de cuatro talleres que se desarrollaron de forma paralela, cada uno de los cuales se centró en una de las manifestaciones de la ESCI: -Relaciones sexuales remuneradas, -Trata con fines de explotación sexual, -Pornografía infantil y adolescente-Uso de tecnologías, y –Experiencias en zonas de frontera. En cada taller se presentaron casos paradigmáticos representativos de la Región que motivaron el debate entre los participantes. Un moderador tomaba nota de los principales aportes. Al finalizar los talleres se realizó un plenario para exponer las principales conclusiones de los mismos.
Con respecto a la manifestación Trata con fines de explotación sexual, se concluyó que es un tema que tiene que ser atendido por una política de Estado y que debe ser abordado no sólo por el lado de la víctima sino, también, por el del tratante. Se incidió en trabajar en acuerdos que aseguren el tránsito migratorio y en mejorar los sistemas de protección de las víctimas, con el fin de evitar la revictimización. También, se coincidió en establecer mecanismos que garanticen un retorno rápido y seguro a las víctimas, lo que implica, a su vez, revisar los protocolos de repatriación.
En el taller Experiencias en zonas de frontera, se hizo hincapié en la relevancia de realizar diagnósticos, sensibilizar a las poblaciones, capacitar a operadores de justicia, brindar atención directa y trabajar en el diseño de protocolos de intervención. Además, se incidió en la importancia de fortalecer la coordinación entre los sectores del Estado, debido a que en dichas zonas la presencia del Estado es muy débil.
Con respecto a la manifestación Relaciones sexuales remuneradas, se dijo que si bien se ha avanzado en la legislación, ésta aún no se aplica efectivamente. Además, se resaltó la importancia de tener una legislación que deje en claro quién es el acusado. Con respecto al abordaje de la problemática, se dijo que debe empezarse a atacarla desde la figura del cliente, pues si sigue habiendo demanda la oferta continuará.
En el taller Pornografía infantil y adolescente-Uso de tecnologías, se concluyó que es una problemática que no tiene límites y que se debe dejar de pensar que la tecnología sólo es Internet, pues va más allá de ello. En este tema existe una brecha generacional, por lo que se debe tomar en cuenta la opinión de los adolescentes, incluyendo su participación en los procesos de discusión de las leyes. Se hizo hincapié en la importancia de trabajar con los padres de familia y con las instituciones educativas en el área de prevención. Además, se recalcó que hay que diferenciar entre lo que es pornografía infantil del intercambio y socialización que existe dentro de las nuevas tecnologías. Por otro lado, se dijo que no sólo es importante identificar al niño, niña o adolescente víctima, a los proveedores involucrados, etc. sino, también, es necesario pensar en cómo se va a actuar para dar respuesta y brindar asistencia adecuada a las víctimas.
Un punto importante y común en todos los talleres lo constituyó la necesidad de dejar de atribuirle la categoría de cliente a los explotadores y abusadores que comenten estos delitos y la urgencia de adecuar los servicios públicos para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- El papel del sector privado en la lucha contra la explotación sexual infantil en el marco de la responsabilidad social empresarial
En la reunión se destacó la importancia de fomentar la responsabilidad social corporativa en la prevención y eliminación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el turismo. Se subrayó los aspectos para el trabajo con este sector, introduciendo el concepto de "turismo sostenible y responsable" que incluye tanto las cuestiones ambientales, económicas y sociales en las que se inserta la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Otro de los aspectos clave fue alentar al sector público y privado para incrementar la regulación y el control del uso de las nuevas tecnologías, especialmente en la prestación de servicios en CiberCafés y teléfonos públicos.
Para el abordaje de este tema se realizó una sesión en la que se presentaron experiencias de trabajo desde la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina, desde la Comisión Interinstitucional contra el abuso y la explotación sexual comercial de República Dominicana y desde la OIT a través de una intervención directa a víctimas de ESCI en 6 países de Centroamérica. Luego de las exposiciones se dio lugar al debate, del cual se pueden rescatar las siguientes conclusiones:
Necesidad de formular sistemas de políticas públicas universales que permitan ejercer control y generar modelos en la implementación de la intersectorialidad.
Los Planes Nacionales centrados en la prevención, atención y sanción de la ESCI tienen que convertirse en políticas de Estado y obtener la asignación de recursos suficientes.
El cambio de paradigma en la legislación requiere hacer esfuerzos por cambiar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Es importante evitar acciones fragmentadas, por el contrario se espera la promoción amplia, articulada y secuencial de los Planes y fortalecer la intersectorialidad a través de la definición clara de funciones, competencias y la descripción de pasos a seguir (de actores estatales clave) con el fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Necesidad de privilegiar la articulación de lo público sin subestimar el papel de las organizaciones de la sociedad civil.
No sólo se debe focalizar la intervención en la víctima sino, también, en su familia. Por otro lado, ¿Qué pasa con el agresor?, ¿queremos sólo castigarlo o también intervenir de algún otro modo?
Las fuerzas de seguridad deben participar como parte del sistema integral de protección de derechos, en el que la delincuencia y la persecución de delitos deben formar parte de la atención. Por lo tanto, los funcionarios de justicia deben estar capacitados sobre la temática de la explotación sexual, los informes de la policía y los mecanismos creados. Sería importante contar con tribunales de justicia especializados en este tipo de delitos.
Los sistemas locales de protección de derechos deben reforzarse mediante la capacitación a los funcionarios de servicios públicos y a los dirigentes de la comunidad en la prevención de los delitos de explotación sexual infantil.
Este tema se trabajó a través de una sesión que contó con la participación de la Secretaria de Derechos Humanos del Brasil, del Instituto WCF-Brasil, de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público de Honduras y del equipo Brigada Niñ@s. Todas los ponentes presentaron iniciativas realizadas en torno al tema y motivaron al debate sobre los retos y limitaciones que existen en torno a la aplicación de los marcos legales nacionales en los países de la Región. Entre lo que se dijo se puede resaltar lo siguiente:
Necesidad de generar un control social y estatal efectivo para la aplicación de las sanciones penales y para la eliminación de la impunidad existente. La seguridad pública debe ser entendida como seguridad de Estado y como garante de derechos, para ello es necesaria la adecuación de los procesos penales, ya que el paradigma actual de respuesta legal es doblemente revictimizador (la legislación procesal penal no está adecuada al sistema de los derechos humanos).
Es preciso reconocer que la omisión de acciones y respuestas adecuadas por parte del Estado y la sociedad constituye también una forma de violencia. Cabe preguntarse, ¿en qué medida es reconocida la dignidad violada de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual?, ¿en qué medida el Estado no violó más que la propia violencia? La violencia sexual es expresión de esta sociedad y la omisión e impunidad son, también, violaciones.
El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil debe incluir: promoción, protección, atención especializada y seguridad. Es imprescindible que se respeten y valoren las expectativas y deseos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y que se reconozcan sus derechos a ser informados. Además, se hace necesario difundir y aplicar efectivamente dicho Protocolo, ya que se ha identificado un reducido conocimiento del mismo.
Necesidad de ver a la víctima como sujeto de derechos y poder prescindir de ella como fuente de información en los procesos judiciales.
Necesidad de pensar en respuestas regionales para un problema global. El desafío está en que si se puede aplicar o no el modelo europeo para enfrentar la pornografía infantil con la colaboración de gobiernos, instituciones académicas, empresas y entidades policiales de la Región, donde se sabe que la responsabilidad social corporativa no está aún tan consolidada. Las empresas privadas proveedoras de servicios tecnológicos pueden cooperar para combatir estos crímenes en la Región.
Necesidad de generar mecanismos de políticas públicas y de colaboración con la sociedad civil para hacer llegar a los países las denuncias correspondientes sobre los casos de explotación sexual. Importancia de la coordinación local e internacional para la detención de los explotadores.
Importancia de contar con recursos humanos suficientemente capacitados y con sistemas de información consistentes para la elaboración de informes nacionales en la Región.
Falta de concientización sobre la problemática. Invisibilización de las prácticas de explotación sexual comercial y existencia de patrones culturales que permiten la demanda. Necesidad de desnaturalizar estas prácticas.
El avance en la regulación penal para la protección de los derechos de los niños requiere de la adaptación de las legislaciones nacionales a los instrumentos jurídicos internacionales para clasificar los delitos. Esto implica la recopilación de datos estadísticos sobre los diferentes delitos de explotación sexual de niños, especialmente para el posterior diseño de políticas públicas específicas.
Este tema fue abordado en la reunión para Altas Autoridades de derechos humanos y cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados, que trabajan conjuntamente en el marco de la Iniciativa Niñ@Sur para la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. En dicha reunión se expresó la promoción de la cooperación internacional, así como el fortalecimiento de las competencias parlamentarias en los países de la Región y la Subregión del MERCOSUR. Como parte de esta disposición internacional se contemplaron las siguientes propuestas: la mejora de los flujos de comunicación para las estrategias subregionales de cooperación con el fin de planificar y compartir las buenas prácticas. Las nuevas tecnologías de disposición de regulación y control deben ser abordadas por los países de la Región como parte de su medida de cooperación. Asimismo, deben revisarse los acuerdos y reglamentos a fin de lograr una mayor protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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